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 LA ASOCIACIÓN PIDE A LA CONSELLERIA QUE SE PERSONE Y QUE SE RESTAURE LA ZONA AFECTADA
Nota de premsa
La asociación presentó denuncia a la fiscalía por la construcción de un parking, el vertido de numerosos camiones de escombros, movimientos de tierra, eliminación de vegetación en Dominio Público Hidráulico del río Sénia, etc., todo ello en el ámbito territorial del Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Tinença de Benifassà, Turmell i Vallivana”, de la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) “Tinença de Benifassà-Turmell” y del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural de la Tinença de Benifassà. Nada de lo realizado tenía o tiene permiso o autorización alguna. La Fiscalía, tras la denuncia de la asociación, realizó las oportunas Diligencias de Investigación Penal observando la comisión de un delito contra la ordenación del territorio (Art. 319-1 del C.P.). Por ello, la Fiscalía acordó la remisión al Juzgado de Vinaròs. Tras la apertura del Juzgado de las Diligencias Previas 1378/2009, la asociación se ha personado.
GECEN PIDE A LA CONSELLERIA QUE ACUDA AL JUZGADO.
Quien tiene las competencias y quien tiene la obligación legal de preservar la Red Natura 2000 (ZEPA y LIC) y los parques naturales es la Conselleria. Por ello, la asociación no entiende los motivos por los cuales, teniendo la Conselleria medios más que suficientes para actuar, ha de ser la asociación quien acuda a la Fiscalía y al Juzgado. Ese “pasar del medio ambiente” convierte a la Conselleria en un actor que observa, sabe perfectamente lo que ocurre y no actúa, a nuestro entender, como debiera.
LOS INTERESES URBANÍSTICOS ACOSAN EL PARQUE NATURAL
De las diligencias de investigación practicadas se desprende que tales obras fueron realizadas por la empresa FORSEN S.L., contratada por INMOBILIARIA SENIA S.L., actuando esta última por encargo de la propietaria del restaurante la Font de Sant Pere. GECEN recuerda que el ayuntamiento de La Pobla de Benifassà tiene previsto modificar el PGOU para reclasificar los terrenos afectados por las obras ilegales de no urbanizables a urbanizables. Se pretende construir 240 adosados en esta zona que previamente fue pasto de un incendio forestal en 2001. El trío incendio-reclasificación-urbanización se da cita aquí con una claridad impoluta. Sin embargo la depuración de responsabilidades y la restauración de la zona al estado anterior de los hechos se presenta, en el mejor de los casos, en un futuro demasiado lejano.
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