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Escrit per Jordi Maura
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dijous, 2 de desembre de 2010 22:33 |
 El edil de Hacienda encarga a los servicios técnicos un informe jurídico
El Consistorio de Peñíscola está estudiando si procede devolver a los propietarios de los terrenos de la marjal, calificados como urbanos y urbanizables en el PGOU de 1977 y protegidos a partir de 2001 por el Consell, las cantidades de contribución pagada en los últimos años. La entidad Camí Vell ha abogado por la ilegalidad de cobrar un IBI urbano por unos terrenos en la zona húmeda protegida y catalogados como Lugar de Interés Comunitario (LIC). En este sentido ha iniciado una campaña para tratar de reclamar las cantidades como mínimo de los últimos cuatro años.
Desde el Consistorio apostaban por clarificar primero urbanísticamente la situación de los terrenos en el nuevo PGOU que está a la espera del visto bueno definitivo de la Conselleria de Medio Ambiente y Urbanismo. En opinión del edil de Urbanismo, Romualdo Forner “queremos primero tener el PGOU al día, porque el vigente las define como urbanas o urbanizables y luego suspender el pago de los recibos”. El edil de Hacienda, Jesus Ayza, manifestó que primero será necesario ver la legalidad de esta medida y escuchar la opinión de los servicios técnicos municipales para devolver, si procede “todos los años”. A pesar de ello el responsable de Urbanismo recuerda que con estos terrenos se tiene una especial consideración por el hecho de estar priotegidos, con un coeficiente de intercambio y aprovechamiento urbanístico superior a otros por el hecho que en estos años han tenido unas fincas urbanas y urbanizables.
Campaña
Camí Vell estima que del millón de metros cuadrados de los terrenos de la zona húmeda, el Consistorio ingresa 200.000 euros anuales aproximadamente. Un propietario de unos 1.000 metros cuadrados paga 200 euros de IBI, por poner un ejemplo según fuentes de Camí Vell. En 2001 se produce un vuelco en la situación con la protección de la zona húmeda y su inclusión en el catálogo de espacios protegidos, pero los recibos siguieron llegando, por lo que en su opinión se han cobrado irregularmente ocho años. Esto serían 1,6 millones de euros. Hoy se informará a los socios en un acto público que celebrarán en Benicarló donde se proyectará un corto sobre el urbanismo en Peñíscola. |
