Se personó en la empresa y envió faxes reclamando dinero a cambio de unos discos de tacógrafo de la empresa

La juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vinaròs ha condenado a Ramon Soriano, actual edil del Partido Popular, abogado y ex agente de policía local, por coaccionar a la empresa Transpor Salinas SL, de Benicarló. En virtud de una sentencia y del Código Penal se le impone una pena de 20 días de multa a razón de una cuota diaria de 75 euros. La cantidad del multa se ha determinado en base a su sueldo como concejal de Participación Ciudadana –que asegura son 1.400 euros netos mensuales- y los 600 de media mensual por ejercer de abogado en la localidad.

La empresa de transportes presentó una denuncia contra un ex trabajador de su empresa por amenazas y por el robo de dos tacógrafos de dos camiones que ésta había conducido. El concejal Ramón Soriano se personó el pasado 21 de febrero de 2009 en la empresa “como concejal y metiendo miedo”, señala Manolo Salinas, representante de la mercantil. En la sentencia se recoje que ante varios testigos y en tono amenazante les advirtió que “he visto los discos y son muy graves, por lo que o llegamos a un acuerdo económico u os puedo mandar a la cárcel por tres años y cerraros la empresa”, mientras “con la mano hacía gestos exigiendo dinero y en cuantía elevada”. Los presentes le requirieron “que si era algo tan grave que lo denunciara”. La empresa denunció los hechos en el juzgado.

También queda probado que en otro procedimiento laboral seguido por el trabajador contra su ex empresa, aquel no compareció asistido por el letrado denunciado. El propio Ramón Soriano suplica, ya como abogado, al Juzgado de lo Social de Castellón en octubre de 2009 que desistía del juicio contra Transpor Salinas, al no haber acreditado la representación del ex trabajador y pidiendo el archivo de unas supuestas actuaciones relacionadas con la vulneración de derechos como trabajador durante el ejercicio de sus funciones en la empresa.

A juicio del tribunal de Vinaròs el material probatorio –testigos, faxes y llamadas telefónicas- “y que ha permitido llegar al convencimiento moral sobre la realidad de tales hechos y sobre su autoría” vence el principio de presunción de inocencia del articulo 24 de la Constitución española y que las expresiones vertidas por el señor Soriano lo fueron “con un claro ánimo de coacción y en ningún caso dentro de un contexto de transacción extrajudicial”.

Para los testigos allí presentes “las palabras eran una evidente coacción hacia los socios de la empresa si no se plegaban a sus exigencias económicas”. Por otro lado indica la sentencia que el denunciado no ha probado que en el momento de los hechos actuara como letrado del citado trabajador. Además la firma ha denunciado por amenazas y hurto de material de la empresa al ex trabajador.

Las reuniones se hacían en su despacho

Soriano, según la denuncia de los propietarios de la empresa, cuando se personó en la empresa de transportes, llegó a manifestar que las infracciones vistas en los discos “eran de gravedad” y que incluso atentaban contra la vida de las personas, añadiendo seguidamente “pero todo tiene un precio”, reclamando que si les daba el dinero les entregaría los discos “si bien no mencionaba una cantidad concreta, si que hacía gestos ostensibles con la mano indicando que la cifra debía ser elevada”. Tras estas amenazas, señala Manuel Salinas “han existido otras por escrito, en forma de burofaxes”. A juicio de los denunciantes, el abogado podría haberse apartado de las funciones que se presumen a un letrado y que vienen reguladas en el código deontológico.

Según aseguraron los denunciante, algunas de las reuniones se realizaron en el despacho del edil del PP en el Ayuntamiento de Benicarló. Los letrados de la firma le advirtieron en la reunión que si quería reclamar cantidades económicas derivadas de la relación laboral debía acudir al Juzgado de lo Social y si se trataba de un presunto delito contra las personas “era en el ámbito penal donde debía resolverse”. El denunciante tuvo que buscarse servicios jurídicos para acudir a demandas que finalmente no se celebraron, con el consiguiente perjuicio económico para la empresa.

Su fichaje por el Partido Popular fue muy sonado. Unas semanas antes de las últimas elecciones y como agente de la policía local había sido expedientado por el exalcalde socialista Enric Escuder por “las veladas críticas en materia de seguridad”. Sus propuestas electorales en materia de seguridad pasaban por la creación de unidades caninas, decenas de plazas de policía y grupos antidisturbios para convertir a la localidad en una ciudad segura. Al resultar electo, la ley le obligó a dejar su cargo de policía por incurrir en una incompatibilidad. El edil solicitó posteriormente apartarse de la delegación de Policía Local y Seguridad tras varias polémicas con controvertidos cambios circulatorios y decisiones sin consultar para presentarse a una plaza superior como agente en otra población. Tampoco se aplicó el programa electoral. Posteriormente se le delegaron las áreas de Governación, Participación Ciudadana y Normalización Lingüística.