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 Acudirán a Fiscalía a denunciar los hechos
Varios propietarios de fincas agrícolas y forestales de los terrenos afectados por el vertedero de Cervera y sus accesos, denunciaron ayer ante la Guardia Civil de Benicarló y, posteriormente, en los juzgados de Vinaròs lo que consideran una ocupación ilegal de sus propiedades en el Pouaig de Cervera para ejecutar la apertura de pistas y un vial. Además, su portavoz, edil independiente y miembro de la Plataforma contra l’Abocador, Albert Querol, recordó que “en esa zona es imposible realizar cualquier tipo de obra” y que para realizar cualquier proyecto o vial es necesario disponer de la correspondiente Declaración de Impacto Medio Ambiental y exposición pública del proyecto, “lo que supone una clara irregularidad”.
Además advierten que el Consistorio de Cervera ha arrancado un proceso expropiatorio de dichas fincas “totalmente ilegal” porque “no existen actas previas firmadas, lo que impide cualquier expropiación”. Para colmo, señala Querol, “el Consistorio de Cervera aprobaba en sesión plenaria en agosto de 2009 iniciar el proceso de expropiación, pero inscribió en el Registro su titularidad tres meses antes, lo que da idea de cómo trabaja el Ayuntamiento de Cervera con el vistoi bueno de la Conselleria”. A su juicio estos hechos son graves “no existen ni actas previas, pero lo más grave es que los propietarios no tuvieran consignada una compensación, no ya la totalidad del valor de la finca expropiada en el momento de su ocupación, sino el 10% estipulado en la ley”.
Desde la Plataforma y los afectados entienden que tales actuaciones pueden ser constitutivas de un delito, por lo que interpusieron ayer la correspondiente denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Benicarló, para que se de traslado a los agentes forestales y a partir de ahí “vamos a pedir una entrevista con el Fiscal de Castellón y que determine si los hechos denunciados pueden ser constitutivas de delito, con sus correspondientes derivaciones penales o administrativas”.
Tal ausencia de requisitos ha impedido a los propietarios realizar sus alegaciones según la ley, añaden. |
