“Hemos sido diligentes en el tema y existe una denuncia urbanística porque todos somos iguales, pero hay que ser prudentes en temas estratégicos de seguridad”, señala Andrés Martínez

El Ayuntamiento de Peñíscola sostiene que abrió en su momento un expediente de infracción urbanística por la construcción al margen de los cauces y trámites administrativos de una antena de vigilancia del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE). El alcalde de la localidad, Andrés Martínez, señaló que están ahora a expensas de que la Conselleria “presente los documentos como que dieron esos permisos”. “Hemos sido diligentes en la construcción de esta antena. Suspendimos las obras, ordenamos su paralización y presentamos la denuncia urbanística. Me parece acertada la denuncia de los ecologistas porque son trámites y requisitos por los que les hace pasar a los particulares”, abundó, pero recordó que “el SIVE forma parte de un programa estratégico a nivel nacional para detectar la llegada de pateras y droga por mar y, pese a que hay que respetar las políticas que se hagan, toda actuación necesita las correspondientes autorizaciones administrativas”.

A pesar de la actuación municipal las obras del Ministerio de Interior en la Serra d’Irta continuaron y hoy está ya en funcionamiento, actuación que colisiona como sostiene APNAL-Ecologistas en Acción con la normativa que afecta a los parques naturales por las afecciones a un terreno protegido clasificado como área de protección paisajística según su Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (P.O.R.N.) y Lugar de Interés Comunitario-red natura 2000, con una instalación prohibida según el Plan Rector de Usos y Gestión.

A día de hoy la antena no tiene licencia municipal de manera que según fuentes jurídicas consultadas, de no encontrarse una justificación adecuada, estaríamos ante un posible delito contra la ordenación del territorio previsto en el Código Penal, y de una posible prevaricación urbanística si, a pesar de las normas aprobadas, se informa favorablemente a la instalación de la antena. También ayer el eurodiputado de Iniciativa, Raül Romeva preguntó ante la Comisión Europea qué medidas piensan adoptar para proteger este LIC de la degradación que supone este tipo de actuaciones.

Según los ecologistas las normas valencianas en materia de medio ambiente sostienen que PORN y el PRUG prohíben expresamente “construcciones y edificaciones públicas singulares, como construcciones y edificaciones vinculadas a la defensa nacional” y que los servicios territoriales instaron al Comandante Jefe de la Oficina SIVE a disponer de un plan especial para recalificar como dotacional público el suelo protegido elegido.

Consenso con el futuro del Centro de Estudios

Los portavoces de los distintos grupos municipales se reunieron ayer para consensuar las causas para reivindicar ante el subdelegado del Gobierno el Centre d’Estudis, que depende del Ministerio de Administraciones Públicas, a pesar de su reciente cierre. Será el día 10 cuando el munícipe trasladará al gobierno el uso municipal de unos terrenos ubicados en un lugar inmejorable, algo “que es justo para el pueblo” aseguró Martínez.

Los grupos quieren una salida digna para el funcionariado destinado allí “ya que hace muchos años que están aquí y están preocupados por posibles traslados a otros lugares, lo que podría crearles un cierto trauma”, señaló Martínez.

Por otro lado buscarán trazar  un plan de funcionalidad del Centro de Estudios que permita abrir a todos los públicos este recinto para que todos los ciudadanos de Peñíscola  puedan disfrutar de unas instalaciones dotacionales, administrativas, culturales y recreativas que hoy no tienen ningún uso. En este sentido quieren con el solar poder reconfigurar los espacios dotacionales y de servicios, resolver los problemas de aparcamiento y esponjar los espacios urbanos, crear cuatro despachos para cada grupo político, del que hoy día carecen, así como dependiencias de atención al ciudadano, catastro, policía, oficina para el cambio climático y el mantenimiento de los puestos de trabajo, asumiendo el Ministerio el coste de estas funciones y nóminas.